Actualmente hay 92,821 personas en cárcel (42.5 % del total) que no han recibido sentencia. Entre ellos habrá culpables e inocentes, un dato que difícilmente sabremos porque nuestro sistema de (in)justicia está hecho para que paguen inocentes por culpables.
Casi ningún caso es televisado, pero la historia es así: te detiene la policía, te dicen que hay una denuncia penal en tu contra por un delito que merece prisión preventiva oficiosa, te meten a la cárcel y ahí te quedas.
Esto le sucedió a Israel Vallarta y a otras 92,821 personas que viven actualmente en las cárceles de México sin sentencia1. En enero de 2020 había 75,644 personas presas sin haber sido declaradas culpables2. Es decir, en un año la cifra aumentó casi en un 20%
Pero ¿por qué hay tanta gente sin sentencia en la cárcel?
El proceso empieza porque muchos de los problemas sociales los hemos querido resolver con cárcel y, como ni en el Poder Legislativo confían en la capacidad de investigar de las autoridades, han recurrido de manera frecuente a legislar en contra de la presunción de inocencia, que en el actuar estatal básicamente se resume en: acusa, encarcela y después averiguas… y mucho después juzgas.
Así que, iniciando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, decidieron que para disuadir el huachicol había que volverlo delito que mereciera prisión preventiva oficiosa; lo mismo hicieron con delitos electorales o la corrupción, y la lista sigue y crece.
Con la reforma constitucional del 2019 triplicaron la lista de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa y con ello aumentaron significativamente la cantidad de personas en la cárcel, aunque no exista ninguna certeza de que sean culpables o inocentes de los delitos que se les acusa.
Actualmente hay 217,969 personas en cárcel, de las cuales el 42.5 % son procesadas, es decir que no han recibido sentencia. Entre ellos habrá culpables e inocentes, un dato que difícilmente sabremos porque nuestro sistema de (in)justicia está hecho para que paguen inocentes por culpables.
Los datos disponibles3 demuestran que la mayoría de las personas privadas de la libertad son pobres: el 76% de ellos no llegaron a la preparatoria y 9 de cada 10 refirieron haber laborado en empleos de bajo ingreso. En contraste, únicamente el 3.8% refiere haber trabajado como profesionistas.
Esto quiere decir que las personas acusadas de la comisión de un delito difícilmente tienen recursos suficientes para contratar un abogado privado, por lo que la inmensa mayoría recurren a los abogados de oficio que les provee el Poder Judicial. Cada abogado de oficio en México lleva en promedio 163 casos4. Con esa carga de trabajo es obvio que no pueden brindar una defensa adecuada y el resultado es que, en promedio, el 95% de los acusados son declarados culpables.
El sistemático montaje de la justicia en México nos quiere hacer creer que el sistema funciona porque hay más personas presas, no importa si cometieron el delito o no. La certeza que sí tenemos es que las cárceles están llenas de personas pobres, sin defensa adecuada y que acá afuera el 92% de los delitos en México quedan impunes.
3) Cfr.: INEGI (2018) Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf
INEGI (2018) En Números : Características de la población privada de la libertad en México. Documentos de análisis y estadísticas : Vol. 1, Núm. 12, Instituto Nacional de Geografía y Estadística. http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/wp-content/uploads/2018/01/en_numeros2.pdf
OADPRS (Abril 2020) INEGI (2019) Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública. Sistemas Penitenciarios Estatales 2018. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngspspe/2019/doc/cngspspe_2019_resultados.pdf
4) Hallazgos 2019 , México Evalua. https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2020/10/hallazgos2019-27oct.pdf