Por Olivia León
En 1994 y durante 100 días, aproximadamente 800,000 personas Tutsis y simpatizantes en Ruanda fueron masacradas en una campaña de violencia dirigida por los líderes Hutu en acuerdo con una milicia llamada Interahamwe. El genocidio en Ruanda fue una crisis humanitaria que cimbró comunidades enteras y dejó retumbando cientos de preguntas sobre cómo responder ante este tipo de abusos masivos de derechos humanos y, sobretodo, cómo evitar su repetición.
Hoy, Ruanda intenta sanar sus heridas del pasado.
La justicia transicional es un intento de hacer frente al pasado en sociedades que experimentan o intentan algún tipo de transición política libre de violencias graves. Estos procesos buscan la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición del ese pasado violento.
La discusión sobre justicia transicional comenzó después de la caída de la dictadura militar argentina en 1983 y el proceso de disolución de la Antigua Yugoslavia desde 1991. Durante la dictadura argentina (1976-1983) el terrorismo de Estado se conocía por el robo de bebés y por la desaparición de al rededor de 30,000 personas. La disolución de Yugoslavia implicó abusos graves como ataques generalizados contra civiles, expulsiones de poblaciones, violaciones sistemáticas y campos de concentración. En nueve años, más de 140,000 personas perdieron la vida y casi 4 millones fueron desplazadas.
Estos eventos llevaron a que organizaciones civiles, internacionales, académicas y de derechos humanos se cuestionaran qué sigue después de hechos tan dolorosos como esos. ¿Cómo lograr justicia para las víctimas? ¿Quiénes deberán rendir cuentas por los abusos? ¿Quién se encargará de impartir justicia? ¿Cómo prevenir ese tipo de abusos en el futuro? ¿Cómo tratar el pasado desde el presente y desde el futuro?
Las respuestas a esas preguntas son diferentes dependiendo de cada uno de los casos, pero algunas de las medidas que se han implementado para dignificar a las víctimas son:
• Procesos penales para los más responsables de los crímenes más serios, como juicios internacionales, nacionales o híbridos
• Búsqueda de la verdad a través de cuerpos no judiciales, por ejemplo, con comisiones de la verdad que reconozcan públicamente los abusos del pasado
• Reparaciones colectivas, individuales, materiales o simbólicas, como disculpas públicas, retribuciones monetarias y memoriales que permitan espacios de educación y duelo
• Reformas estructurales de las leyes e instituciones, incluyendo al sistema de seguridad, judicial, militar y de inteligencia.
Hay quienes son renuentes a la idea de justicia transicional porque creen que implica amnistías, pero ese es un tema delicado porque la discusión se encuentra en la escala de los grises y no en los extremos. Hay algunas cosas ciertas: por un lado, una amnistía total, que cubra a todos los perpetradores por completo, no es una posibilidad porque no permite la justicia ni rendición de cuentas. Por el otro lado, parece que cierto grado de amnistía puede ser necesario para la obtención de verdad y permitir avances hacia la reparación del daño y la paz. Los procesos de justicia transicional son temporales y se adecuan a los distintos contextos y circunstancias sociales de un mundo imperfecto.
Colombia, Sudáfrica e Irlanda del Norte desarrollaron procesos de justicia transicional muy interesantes que tuvieron resultados positivos social, política y económicamente de los cuales podemos aprender mucho para futuras experiencias.
La discusión sobre una potencial justicia transicional para México es pertinente y activa. ¿Cuáles serían los retos y posibilidades de acción por comenzarlo en México? ¿Es posible? Si lo fuese, ¿cómo sería?