Paola Zavala Saeb
Quiero bajar una feria, consígueme un helicóptero.
Entonces va la borrega –forma en la que llaman en la cárcel a los presos que funjen como mensajeros– al último de los dormitorios donde, en una mesa, se encuentran exhibidos los celulares para renta. Hace la fila, paga por un día del “helicóptero” y con teléfono en mano cruza el patio, se mezcla entre los demás presos y lo entrega al extorsionador. Él, a cambio, le da cien pesos por el mandado.
El extorsionador se va a su dormitorio, ahí lo espera su compañero quien fingirá la voz de la víctima y comienzan a marcar aleatoriamente:
Bueno sí… ¿quién habla?
Fingen entonces la voz de una niña secuestrada, después cambian la voz al supuesto secuestrador:
Si quiere volver a ver a su hija deposite en Coppel 20 mil varos hoy. La vamos a estar viendo, comadre. Afuera de su casa está mi gente.
Cuelgan, el interlocutor no cayó en la extorsión. Vuelven a intentar con otro número. Tienen todo el día…todos los días.
La extorsión en muchas cárceles de México es, cuando menos, tolerada. Autoridades y custodios saben que sucede y no hacen nada para impedirlo. De hecho, hasta participan siendo ellos mismo quienes rentan los celulares o permiten su entrada a prisión.
Pero ¿por qué es tan común la corrupción en los centro panitenciarios? La respuesta la saben en el gobierno: por las condiciones laborales del personal de custodia y las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad.
Las jornadas de trabajo son extenuantes, desde el trayecto para llegar a los Centro Penitenciarios que normalmente están fuera de las ciudades o en las periferias, hasta los horarios que generalmente son de 24 x 48 horas, en las que las personas dedicadas a la seguridad están en constante riesgo, exposición a la violencia y estrés, lo que repercute en un desgaste físico y mental que no es atendido por las autoridades administrativas.
A esto se le suman sus bajos sueldos que, en los penales locales, ronda los $8,000 pesos al mes, es decir, apenas por encima del salario mínimo, que poco compensa el riesgo y la calidad de vida que obtienen por su trabajo.
Además, los custodios tienen la certeza de que los inhibidores de señal del Centro Penitenciario “misteriosamente” no sirven y las autoridades administrativas no los reparan.
Si no dejo pasar el celular yo, lo va a dejar pasar mi compañero. Igual van a hacer sus llamadas y él se va a quedar la lana.
Es como si la mesa estuviera puesta: corrupción por necesidad o por conveniencia. Si no lo hacen por dinero, lo hacen por amenazas de los presos o de sus propios jefes, porque la corrupción por extorsión no se queda en el personal de custodia. Es una cadena que, para poder existir, necesita la complicidad de los altos cargos.
Por otro lado están las condiciones carcelarias. Todo en la cárcel cuesta, hasta el papel de baño. No exagero: las autoridades pasan lista tres veces al día y lo común es que cada reo entregue a las autoridades cinco pesos por cada pase.
Desde su ingreso, los internos tienen que “chambear” para conseguirse la vida ahí dentro y la realidad es que en los centros penitenciarios existen escasas posibilidades de trabajo legal y remunerado. Entonces, en esa micro sociedad, los más pobres les hacen la comida o la limpieza a los que tienen con qué pagarlo. Otros trabajan como “mulas” llevando y trayendo recados, celulares, droga, arriesgándose al castigo a cambio de propinas. Otros más delinquen desde ahí, desde la cárcel, que tendría que ser el lugar más controlado por el Estado.
En resumen: extorsionan porque los celulares entran por corrupción, corrupción facilitada por el Estado con las condiciones laborales que da al personal de custodia. Extorsionan porque los inhibidores de señal no sirven y las autoridades no los arreglan. Extorsionan porque no hay capacitación para el trabajo ni trabajo remunerado dentro de prisión y subsitir ahí cuesta cada día. Extorsionan también porque no hay consecuencias: todos, Estado y delincuencia, están coludidos para que eso suceda.
Ante el aumento de un 47% en las extorsiones durante este sexenio, oí perpleja las medidas que proponen la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde: una iniciativa de reforma Constitucional que propone que la extorsión se eleve a delito grave, aumentar las penas y evitar que los delincuentes salgan libres con facilidad.
¡Tarán!
¿Ignoran de verdad la perversidad del “sistema de justicia” del que forman parte?
Una idea más eficiente puede ser mejorar las condiciones laborales del personal de custodia, hacerse cargo de las condiciones paupérrimas y la corrupción al interior de los centros penitenciarios y activar los inhibidores de señal en las cárceles. Pero eso requiere justo asumir la responsabilidad estatal en el aumento de las extorsiones.