La justicia en México tiene una ley: si eres pobre y la fiscalía te acusa de algún delito, serás declarado culpable, lo seas o no.
En promedio en México cada defensor público atiende 163 casos al año, lo cual no permite que los imputados tengan una defensa adecuada. La consecuencia es obvia: el 88.4 % de los casos obtienen sentencias condenatorias. Hay estados como Oaxaca donde la correlación es todavía más dramática: cada abogado de oficio tiene a su cargo la defensa de 556 imputados y el resultado es que el 100 % de las sentencias resultan condenatorias 1.
La justicia en México tiene una ley: si eres pobre y la fiscalía te acusa de algún delito, serás declarado culpable, lo seas o no.
Hay en las cárceles del país 220 mil 393 personas, de las cuales 94 mil 159 están en prisión preventiva. 2 Conforme a los datos del INEGI, el perfil de las personas privadas de su libertad es claro: son en su gran mayoría hombres, menores de 40 años, con educación básica, acusados por el delito de robo 3.
En este sentido, la cárcel es un instrumento de castigo en el que se encierra principalmente a personas pobres por delitos que en su mayoría están relacionados al daño patrimonial. La pena -que comúnmente no es proporcional al daño causado- y las lamentables condiciones en las que viven las personas dentro de prisión, hacen que en vez de justicia haya venganza.
Sin embargo, para los ricos y poderosos hay varias alternativas: el exilio con el que amenaza Ricardo Anaya, la huida que aplicó la semana pasada Mauricio Toledo, el fuero que protege a varios de los probables implicados en la tragedia de la Línea 12, o hasta un proceso retorcido de extradición como el que hicieron para proteger al general Salvador Cienfuegos.
Si las cosas se complican siempre quedarán los abogados particulares para lograr beneficios con amparos como los que hicieron que Emilio Lozoya y Elba Esther Gordillo, en vez de dormir en una celda obtengan prisión domiciliaria, o de plano las fugas como las que nos acostumbró a ver el Chapo Guzmán.
Si todo falla, siempre quedarán los moches para gozar de privilegios en prisión: celdas amplias y privadas, con cómodas camas, televisión, cocineta, etc.
Hemos oído al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, repetir que su “fuerte no es la venganza”. Desde el día de su toma de posesión dijo que su “gobierno no perseguirá a nadie porque no le gustan los circos y no habría cárceles suficientes”, en clara referencia a políticos y empresarios corruptos.
El presidente, ignorando la autonomía que debería tener la Fiscalía, sigue asumiendo que en sus manos esta “perseguir” o ser “indulgente” a modo, negociando políticamente con la ley, usando a su antojo la persecución penal.
Los gobiernos del PRI y del PAN hicieron lo mismo. La historia de la (in)justicia en México no sólo no se transforma sino que se repite: en las cárceles hay algunos políticos presos y otros presos políticos, pero la venganza carcelaria en realidad es para los pobres.
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