El Estado ha decidido encerrar en la cárcel a miles de personas sin sentencia, que contrario a lo que nos dicen no son narcotrificantes ni delincuentes de cuello blanco. Son en su gran mayoría hombres con escasos recursos económicos, privados de su libertad por el delito de robo, con educación básica, en edad productiva y con dependientes económicos.
En los últimos 15 años, los gobiernos federales del PAN, del PRI y MORENA han apostado por el punitivismo y el populismo penal sin alcanzar los resultados esperados, al contrario, la impunidad se mantiene y la violencia crece.
Ello tiene relación con los perfiles a quienes el Estado ha decido perseguir penalmente y las condiciones de las prisiones: 1
En México hay 14 centros penitenciarios federales, 275 centros penitenciarios locales y cuenta con una capacidad instalada de 217 mil 129 espacios.
Actualmente hay 226 mil 916 personas. Es decir, el sistema penitenciario en México registra una tasa de ocupación mayor al 100% existiendo actualmente una sobrepoblación de 9 mil 787 personas internas y 126 centros con sobrepoblación.
El 94% son hombres y el 6% mujeres.
92 mil 595 personas privadas de la libertad no tienen sentencia. Es decir, el 40.81% están internas en prisión preventiva.
El 77% de los hombres y el 70.4% de las mujeres no llegó a la preparatoria.
El 67% de los hombres y el 70.3% de las mujeres tiene menos de cuarenta años.
En el caso de los hombres, están vinculados en su mayoría al delito de robo en cualquiera de sus modalidades (33%), seguido por el homicidio con 18.9% y violación con 8.0%.En el caso de las mujeres, el 26.4% están vinculadas por robo en cualquiera de sus modalidades, seguido del secuestro con 19.7% y homicidio con 15.9%.
En promedio en México cada defensor público atiende 163 casos al año, lo cual no permite que los acusados tengan una defensa adecuada. Como consecuencia, el 88.4% de los casos obtienen sentencias condenatorias.
El 77.7% de los centros estatales tiene deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad.
El 76.8% de los centros estatales y 64.3% de los federales mostró insuficiencias en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Otro aspecto relevante de las condiciones de internamiento tiene que ver con la violencia cotidiana que se vive en las cárceles. El 42.5% de las mujeres recluidas ha sido víctima de algún delito, mientras que, en el caso de los hombres, 33.6% fueron víctimas. Los delitos más recurrentes son: robo de objetos personales, lesiones, extorsión, hostigamiento sexual y violación sexual.
Respecto al tiempo en prisión, el 36.5% tiene sentencias menores a 10 años. Ello se explica al ser la media en las sentencias por el delito de robo.
Estimaciones con los datos disponibles indican que más de un millón de personas tienen o han tenido a su padre o madre en prisión en los últimos cinco años y no existe ningún programa de prevención del delito dirigido a que en estas familias no se repliquen las conductas delictivas.
Con los datos expuestos tenemos que el Estado ha decidido encerrar en la cárcel a miles de personas sin sentencia, que contrario a lo que nos dicen no son narcotrificantes ni delincuentes de cuello blanco. Son en su gran mayoría hombres con escasos recursos económicos, privados de su libertad por el delito de robo, con educación básica, en edad productiva y con dependientes económicos. En estos casos, la cárcel en vez de reducir la violencia la multiplica y la exacerba.
La exigencia de eliminar la prisión preventiva oficiosa se basa en el derecho individual a la presunción de inocencia, pero también hay un derecho social que está en juego: que el Estado inhiba eficazmente los delitos más graves con el correcto uso de las sanciones.
Si priorizáramos otras formas de justicia y orientáramos la fuerza punitiva del Estado a castigar los delitos más graves, tendríamos menos personas en prisión pero disminuiríamos de manera más eficaz los delitos de alto impacto.